Obra de demanda social: lo pequeño se vigila igual que lo grande

Tres vías alimentan la obra pequeña municipal, y el regidor debe saber en cuál está cada pala que se mueve: la petición individual con folio (lección anterior) que se acumula y empata con una partida; la demanda colectiva validada —el acta de asamblea, la junta vecinal, el presupuesto participativo—, que es la que tiene blindaje político y contable; y la programación propia de la dirección —bacheo, luminarias, mantenimiento—, que corre por calendario. La obra de demanda social es las dos primeras: nace del vecino, y por eso su circuito completo es verificable de punta a punta.

El circuito tiene cinco estaciones y cada una su regla. Uno: programa anual de obras —REGLA ESTATAL en el detalle: muchas leyes municipales del estado obligan a aprobarlo y publicarlo al inicio del ejercicio; donde no obliga la ley, lo puede obligar el acuerdo de cabildo, y ahí está el voto del regidor—: cada obra con ubicación, tipo, monto estimado, fuente de financiamiento y trimestre programado. Lo que no está en el programa, no existe: las «emergencias» sobre la marcha son la puerta de entrada del dedazo. Dos: expediente técnico —criterio topográfico, proyecto o especificación, estimado y análisis de convocantes con precios de mercado—; un estimado «de botepronto» no es estimado: es la cotización del amigo con otro nombre. Tres: contratación —la ley de obra pública del estado fija los umbrales y procedimientos: adjudicación directa en montos mínimos, invitación a cuando menos tres, licitación pública arriba del umbral (REGLA ESTATAL: números y nombres de procedimiento varían; la lógica de escalera no)—. Cuatro: ejecución y supervisión —avance físico contra financiero, valorizaciones, cambios de concepto con autorización por escrito—. Cinco: recepción —acta suscrita, con participación social donde la ley la pida (art. 3 fr. XVI LGRA —NORMA NACIONAL— reconoce la participación en la vigilancia de la construcción y conservación de obras), y garantía del contratista por defectos, cuyo plazo y forma fija la regla estatal—.

El financiamiento añade una capa: FISM, RAMR, fondos de aportaciones múltiples —REGLA FEDERAL en las etiquetas, REGLA ESTATAL en la ventanilla— tienen cada uno su manual de uso; mezclar fuentes en una misma obra sin expediente aparte es la falta que multiplican las auditorías. El regidor no firma nada de esto —firma direcciones y tesorería—, pero conoce el expediente, y eso es lo que le permite preguntar en cabildo con documento en mano.

La parte que decide el regidor: la vigilancia al cierre del ciclo, que es donde la obra chiquita se vuelve confianza pública. Tres instrumentos, todos de costo cero. Uno: la lista de verificación vecinal —documento técnico-simple que el comité de obra de la colonia recorre con la dirección antes de firmar el acta: pendientes reales (la rampa sin barandal, la banqueta sin pendiente de escurrimiento, el registro sin tapa), medición de espesor y áreas contra proyecto, fotos fechadas por tramo, y prueba de funcionalidad —que la silla de ruedas suba, que el agua escurra, que la luz encienda y no a medias—. El acta de recepción que llega al cabildo con esta lista anexa vale doble: dice qué se revisó y quién lo revisó. Dos: la papelería viva —el regidor pide, por oficio y para el portal de transparencia, el contrato, el estimado, las tres cotizaciones, las valorizaciones y el acta: si la dirección no los tiene a la mano, ahí hay hallazgo; y si los tiene, la publicación hace el trabajo de vigilancia por todos—. Tres: la muestra aleatoria territorial —cada trimestre, el regidor de territorio elige al azar cinco obras cerradas en su región y las visita sin avisar y con la tabla de verificación en la mano: las conclusiones se presentan en sesión y quedan en acta. Cinco obras al azar dicen más de la salud de un programa que cien discursos.

Y el cierre honesto del tema clientelar: la obra de demanda social bien regulada es la mejor vacuna contra el padrinazgo. Cuando la solicitud tiene folio, el programa tiene acta de cabildo, la contratación tiene escalera legal y la recepción tiene comité vecino firmando, el «gracias al C. Regidor» pierde su materia prima: la necesidad ya no depende del favor de nadie. La foto del político frente a la obra sigue siendo legítima —la obra es pública y quien la gestiona puede decirlo—; lo que ya no pasa es que la obra se mueva por la foto.

Y con la rampa verificada y el acta publicada, el curso cierra el círculo con que abrió: el regidor que recorre su territorio no reparte favores con foto —mueve expedientes con folio: peticiones que se vuelven programa, programa que se vuelve contratación regulada, contratación que se vuelve obra recibida por quien la va a usar. Ese es el presupuesto participativo completo: no la asamblea del domingo, sino el circuito del peso, del folio y del acta, funcionando igual en la bolsa de millones que en la banquetita de cien mil. En la siguiente ruta de la colección —Fiscalización ciudadana del cabildo— la lupa se invierte: ya no se gestiona la obra propia; se vigila la de todos, con la contraloría, las cuentas públicas y los órganos de fiscalización como materia prima.