Anatomía de un presupuesto participativo: de la asamblea al peso ejercido

Empecemos por la precisión que evita el mito: ninguna ley general obliga a tu municipio a tener presupuesto participativo. Es una decisión del cabildo —en algunos estados con ley propia que lo reglamenta, como la Ciudad de México; en la mayoría, por acuerdo municipal y reglas anuales (REGLA ESTATAL / BUENA PRÁCTICA)—. Y ahí está su primera lección para el regidor: cuando en enero se aprueban las reglas del programa, tú estás votando cuánta decisión ciudadana habrá este año: el monto, el reparto territorial y las condiciones no son detalle técnico, son el diseño del poder compartido.

Lo que sí es intocable, aunque la asamblea vote unánime, son los tres límites jurídicos del ejercicio: competencia —los vecinos solo pueden decidir sobre gasto del municipio en asuntos municipales: no se vota una carretera federal ni la escuela cuya construcción le toca al ISSTE—; presupuesto aprobado —la decisión ciudadana se expresa dentro de la bolsa y en las clasificaciones que el propio cabildo aprobó en diciembre conforme a la ley de ingresos (art. 115 fr. VI —NORMA NACIONAL— con el detalle de la ley local): la asamblea prioriza dentro de la caja, no agranda la caja—; y régimen patrimonial —no se obra en terreno ejidal sin afectar la relación de propiedad: la viabilidad de sede —que el terreno sea municipal o esté debidamente afectado al uso público— es requisito de entrada, no detalle posterior—.

Ahora la parte que los entusiastas omiten y el regidor útil no: de qué muere un presupuesto participativo y cómo se previene. Muere de bolsa simbólica —dos millones en un municipio de trescientos: la asamblea descubre que «decide» lo que nadie quería—; de reparto ciego —la colonia organizada de siempre gana tres ciclos seguidos porque sabe formular, mientras la marginada ni entera: por eso las reglas serias asignan piso por territorio y techos por proyecto—; de captura de delegados —el comité vecinal que se perpetúa y canaliza las propuestas a su lista de favoritos—; y de ejercicio invisible —la obra ganadora aparece cuatro años después sin que nadie le ponga el cartel de «proyecto ganador de la asamblea X»—. Cada muerte tiene su vacuna de diseño: bolsa creíble con porcentaje del presupuesto de inversión, reparto territorial con criterios de rezago, renovación obligatoria de delegados con topes de reelección, e identificación pública permanente de cada obra participativa —cartel, tablero y lista en el portal—.

Y el balance político que el regidor debe saber sostener en el cabildo: el presupuesto participativo no le quita autoridad al ayuntamiento; se la ordena. Nadie decide por el vecino en qué se va su bolsa, pero el municipio sigue decidiendo el 80 y tanto por ciento restante, las reglas del juego y toda la ejecución. El pleno que aprueba reglas claras no se debilita: se blinda —difícil acusar de opacidad a un gasto con acta vecinal y voto de colonia—.

Con el ciclo en la cabeza, la conversación del próximo enero en tu cabildo cambia de nivel: ya no discute «si nos gusta la idea», sino «qué reglas votamos». En la siguiente lección, el diseño fino —quién puede votar, cómo se reparte la bolsa entre colonias con rezagos distintos, qué pasa con el delegado que quiere perpetuarse y cómo se castiga al funcionario que frena la obra ganadora—, es decir: las reglas que sostienen (o tumban) el experimento.