El principio de paridad: la base constitucional y sus tres dimensiones (vertical, horizontal, transversal)

De cuota a derecho: la paridad ya está en la Constitución✦

Los tres cursos anteriores de esta colección describieron el poder interno de un partido: cómo se eligen los candidatos, cuánto dinero mueve y con qué reglas se dirimen los conflictos. Este cuarto curso hace una pregunta incómoda y necesaria: ¿quién queda fuera de ese mapa cuando se dibuja? Durante décadas, la respuesta tuvo una mitad sistemáticamente ausente: las mujeres. La salida ya no es un favor ni una «invitación a participar»: es una regla constitucional. En México el principio de paridad de género fue elevándose desde simples cuotas hasta quedar inscrito como mandato: los partidos deben postular mitad y mitad —paridad en todo—, y la autoridad electoral lo hace cumplir. No es opcional; es una condición de validez de la candidatura.

Pero aquí viene la clave que este curso no deja olvidar, y que ya insinuaba el curso de procesos internos: paridad en la boleta no es paridad en el poder. Un partido puede cumplir el 50/50 en candidaturas y aun así concentrar los cargos ganadores y las dirigencias reales en hombres. Por eso la paridad no es un número, es una arquitectura con varias dimensiones; y entender esa arquitectura es lo que separa un cumplimiento formal —llenar planillas— de un cambio efectivo en quién decide.

El piso legal se sostiene en tres piezas, y conviene tenerlas claras:

Uno. El principio constitucional. La paridad hoy no es una política pública discrecional que se pueda retirar con facilidad; es un mandato de la Constitución que se desarrolla en la ley general electoral y en las leyes locales. Esto cambia todo: una cuota era una excepción que se toleraba; la paridad es la regla que hay que justificar si se incumple. Y al ser derecho, su violación se puede impugnar, como aprendiste en procesos internos.

Dos. La ley y los lineamientos del árbitro. El INE y los órganos locales fijan cómo se gradúa la paridad en cada cargo y tipo de elección; la autoridad reglamenta el mandato y lo fiscaliza en el registro de fórmulas.

Tres. La jurisprudencia que lo afinó. Los tribunales electorales han ido precisando el sentido de la paridad: que no basta con la numérica, que debe garantizarse la paridad sustantiva (acceso real a cargos de mayoría, no solo de representación), y que la «paridad en todo» incluye también las dirigencias. La jurisprudencia es lo que convierte la letra en exigencia operativa.

Sobre ese piso se montan las tres dimensiones que dan nombre y forma a la paridad: vertical, horizontal y transversal, que veremos a fondo en la siguiente lección. Basta por ahora con su intuición: la paridad debe darse entre niveles de elección (no mandar a las mujeres solo a los cargos de abajo), entre distritos o territorios (no concentrarlas en los perdidos) y dentro de la estructura del partido (no dejarlas fuera de las dirigencias).

Ya tienes el piso: sabes que la paridad es mandato constitucional y que el número solo no alcanza. Pero esa exigencia tiene una forma concreta, y es ahí donde se gana o se pierde en la práctica. La siguiente lección baja el principio a sus tres dimensiones operativas: la paridad vertical (que las mujeres no queden solo en los cargos de abajo), la horizontal (que se distribuyan entre distritos ganables y no solo en los perdidos) y la transversal (que estén en las dirigencias y órganos de decisión, no solo en la boleta). Ahí es donde «paridad en todo» deja de ser eslogan y se vuelve regla medible —y donde los partidos juegan, con candidaturas y con fórmulas, su verdadero reparto del poder.