Cuenta pública: el examen de fin de año

El documento que dice si el año cerró bien

La cuenta pública es el informe que el municipio rinde al final de cada ejercicio —y, en muchos estados, también al cierre de cada administración (REGLA ESTATAL)—: no es una «resumen del alcalde», es un estado financiero con reglas contables tasadas (Ley General de Contabilidad Gubernamental, NORMA NACIONAL) que debe responder preguntas simples con documentos: ¿cuánto se ejercitó de lo aprobado?, ¿cuánto se pagó de lo ejercitado?, ¿qué deudas quedaron?, ¿los fondos federales etiquetados se usaron conforme a sus reglas?, ¿qué diferencias hay entre contabilidad y banco? —conciliaciones—. Quien revisa: la contraloría interna del municipio (primera línea), la auditoría superior del estado o el órgano local equivalente (segunda línea, dictamina para el congreso local), y la ASF cuando hubo recursos federales —la Revisión de la Cuenta Pública fiscaliza al municipio aunque el municipio no le haya votado nada—. Los resultados posibles no son solo «aprobado o no»: existen dictámenes limpios (todo cuadra), dictámenes con salvedades (hay diferencias no resueltas o falta evidencia en algo específico) y dictámenes adversos (el desorden es generalizado o hay irregularidades graves) —y de cualquiera de ellos pueden desprenderse observaciones (requieren desahogo), promociones de responsabilidad (van a la contraloría o al tribunal administrativo) y, en casos de dolo o monto, denuncias penales. La cuenta pública no es un trámite burocrático para el tesorero: es el documento donde tu voto del presupuesto del año pasado se convierte, dos años después, en prueba a tu favor o en contra.

¿Cómo la usas tú como regidor, sin ser contador? Primero: leerla antes de votarla. En el cabildo que aprueba —o «conoce»— el informe, no te alcanza con «el tesorero dice que está bien»: pide el dictamen del órgano externo y sus observaciones específicas. Si tu ley estatal le da al pleno municipal poder de aprobar o rechazar el informe (REGLA ESTATAL), tu voto aquí es tu segunda intervención presupuestal del año, y vale tanto como la de diciembre. Segundo: clasificar las observaciones con lupa de responsabilidad compartida. No todas las observaciones son iguales: unas son de forma (falta una firma, se entregó tarde un informe), otras de fondo (no se comprobó un gasto, se desvió un etiquetado, se pagó sin devengar). Para el regidor, las de fondo importan doble: porque revelan si el dinero del año pasó como el cabildo votó, y porque una observación no desahogada —ni documentada por escrito por el funcionario responsable— puede terminar convertida en expediente de responsabilidad donde tu firma de aprobación del informe quede, por inercia, del lado de quienes «no vieron». Tercero: pedir el desahogo y vigilar el calendario. Una observación tiene plazo de respuesta ante el órgano de fiscalización; si el tesorero no la desahoga, la responsabilidad puede escalar a él o, si el pleno conoció y no actuó, salpicar al cabildo en su conjunto: pregunta en sesión, con el acta del dictamen en la mano, qué se respondió, cuándo y con qué evidencia. Cuarto: blindar tu posición personal. Si tu lectura del dictamen te dice que algo está mal —un etiquetado que no cuadra, una deuda de proveedores sin documento— y no tienes votos para frenar la aprobación del informe, tu escudo sigue siendo el mismo de siempre: la reserva escrita y asentada en acta, con la observación citada por número y página del dictamen, antes de que la votación te arrastre con la mayoría. La cuenta pública que firmas sin leer es, literalmente, la firma de que no viste lo que la auditoría ya vio por ti.