Vigilar sin sustituir: la fiscalización del presidente

La vigilancia es función, no obsesión

El ayuntamiento decide; el presidente ejecuta; el regidor revisa que lo decidido se cumpla como se decidió. Esa tercera pata es la fiscalización, y se ejerce con instrumentos concretos, no con desconfianza genérica. Los cuatro más potentes: uno, el derecho a la información interna —direcciones y tesorería deben responder oficios de un miembro del pleno; pide estados de avance físico-financiero, no «fotos del evento»—; dos, los puntos de acuerdo con obligación de resultado: aprobar que «la dirección de X informe en 30 días al pleno» y revisar el cumplimiento en la sesión siguiente; tres, la sesión de informes —el reglamento suele obligar a los directores a comparecer ante el cabildo en fechas fijas: prepáralas con tres preguntas, no con discurso—; y cuatro, la cuenta pública: cuando la auditoría estatal observa tu municipio, el informe llega al pleno y ahí tu voto de aprobación (o de reservas) tiene consecuencias. La Ley General de Transparencia suma el quinto: si el municipio no publica lo que debe, la solicitud de cualquier ciudadano —tuya o de una vecina— es tu alarma anticipada.

Ahora la frontera, y es de alambre: vigilar no es mando. El regidor fiscalizador pide información, señala incumplimientos, propone correctivos y vota consecuencias; no firma oficios de compra, no designa contratistas, no «revisa» obras dando instrucciones a los maestros constructores. La línea se cruza cuando tu vigilancia empieza a parecer gestión propia: ahí pasas de testigo a partícipe y la LGRA no distingue tus buenas intenciones (abuso de funciones, art. 57; si además hay beneficio, cohecho o peculado). El estilo que sí funciona: documental y público. Expediente por tema (qué se acordó, quién debía cumplir, qué informó, qué faltó), preguntas por escrito con acuse, resultados en el pleno con fecha. El presidente te va a llamar «el incómodo» las primeras veces; para el segundo año, tu expediente vale más que su enojo: en los cabildos, el que tiene los papeles tiene la razón, y el fiscalizador serio termina siendo el socio incómodo pero imprescindible de las mayorías.