Deliberar y votar: lo que decides el 3 de octubre

Dos verbos y un calendario

El cabildo no sesiona para inaugurar: sesiona para decidir. Por el pleno del ayuntamiento pasan, año con año, decisiones con nombre y apellido: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del municipio (con sus modificaciones), el plan o programa de desarrollo municipal, los dictámenes de uso de suelo relevantes, la creación o modificación de dependencias, los nombramientos que la ley reserva al pleno, los convenios con estado y federación, la regulación del comercio en vía pública, el padrón y valores del impuesto predial conforme a ley, y los regamentos municipales (tránsito, protección civil, limpieza). ¿Qué tienen en común? Que todos se deliberan y votan: ahí eres autoridad, no espectador. La primera regla del voto informado es conocer el calendario: qué se aprueba en septiembre-octubre (paquete fiscal), qué en marzo (informes), qué puede llegar mañana (un predio, un permiso, un préstamo).

Ahora la parte incómoda: el voto tiene consecuencias jurídicas. Cuando votas a favor de un acuerdo que después la auditoría encuentra ilegal —una condonación sin fundamento, una disposición de recursos fuera de la ley—, el acta prueba que participaste en la decisión. Por eso los mejores regidores operan con tres tiempos: antes (leer el dictamen, pedir la carpeta, consultar a la dirección que toca), durante (usar la palabra para preguntar lo que todos callan: «¿con qué fundamento?», «¿hay recurso disponible?»), y después (dar seguimiento al acuerdo en la siguiente sesión: ¿se ejecutó, cómo, con qué resultado). Y cuando el acuerdo te parece mal pero la mayoría es aplastante, el cargo te deja tres salidas limpias y legales: votar en contra y que conste en acta, pedir que se consigne tu reserva de fundamentos, o promover que se corrija después. Lo que no existe es el «yo no tenía la culpa»: en un órgano colegiado, abstenerse también es una posición que queda registrada.