Bienes que se van o se defienden: desincorporación y suelo municipal

Los bienes del municipio nacen con una característica jurídica que casi nadie explica en el cabildo: siendo del patrimonio de las entidades públicas, no se mueven como los de un particular. La regla de fondo (PRINCIPIO general del dominio público, con desarrollo en las leyes locales de patrimonio de cada estado —REGLA ESTATAL—): los bienes afectados a un uso público o a un servicio son inalienables, imprescriptibles e inembargables mientras mantengan esa afectación; para venderlos, permutarlos o donarlos primero hay que desincorporarlos: quitarles legalmente esa calidad, con procedimiento.

El debido procedimiento de salida tiene cinco estaciones, y todas son de no retorno si te las saltas:

Uno: la solicitud y la justificación. Quién pide el bien y para qué; si es una asociación, un particular o una dependencia, el expediente debe decir por qué ese uso es preferible a conservarlo para el municipio.

Dos: la valoración. Avalúo por perito autorizado, no por «el compañero que sabe de obras»: el precio de mercado es el piso de la enajenación, y una donación o permuta sin avalúo es, en auditoría, un número sin defensa.

Tres: la autorización. Cabildo en sesión —con el síndico presente y votando— y, según la ley local, permiso de la legislatura del estado para los casos que ella reserve (REGLA ESTATAL: montos, frecuencias y predios que exigen Congreso local varían estado a estado; tu Ley Orgánica tiene la lista).

Cuatro: la publicidad. Edictos, gaceta, licitación o convocatoria cuando hay concurrencia de interesados: la publicidad no es trámite decorativo —es el testigo social de que el municipio no regaló a un amigo lo que era de todos—.

Cinco: la escrituración e inscripción. La transferencia sin registrar es media transferencia: ante el registro público de la propiedad queda la verdad oponible al mundo.

Del otro lado: el municipio que ve entrar al invasor, o descubre que su predio apareció «vendido» en una notaría. La defensa jurídica del ayuntamiento —la otra mitad del artículo 115 fr. I, NORMA NACIONAL— tiene tres vías maestras, y el síndico debe saber cuál se activa cuándo (los nombres de tribunales y plazos son REGLA ESTATAL; las vías son estructurales).

Acción civil sobre el suelo: reivindicatoria —recuperar la cosa del no propietario—, interdictos y acciones posesorias —defender la tenencia actual sin pelear aún la propiedad—; la elección depende del título y de la posesión, y ahí manda el código civil del estado. Regla práctica: si el municipio tiene escritura y el invasor no tiene nada, la vía es rápida; si el invasor lleva años y el municipio ni siquiera inventarió el predio, la litis se pone fea: de ahí la urgencia del cotejo de la lección anterior.

Lo contencioso-administrativo: cuando el deslinde del terreno o el título «nuevo» viene de otra autoridad —una resolución agraria mal aplicada, una inscripción registral irregular—, el camino es el tribunal de justicia administrativa local, con su plazo de impugnación: los plazos corren aunque nadie te avise.

Amparo (Ley de Amparo —NORMA NACIONAL—): frente a actos de autoridad que afecten derechos del municipio —incluidas resoluciones que invadan su esfera patrimonial—, con plazo general de 60 días hábiles; el municipio puede ser quejoso o tercero interesado. La lección amarga de la práctica municipal: muchos predios se pierden no por falta de derecho, sino por inacción: el acta de cabildo que «acuerda defender» sin abogado ni fecha es el último epitafio antes de la prescripción.

Y un criterio político que el síndico debe tener listo antes de cualquier conflicto de suelo: la defensa jurídica se ejerce sin estridencia pero sin pausa —el municipio que denuncia el primer día y da seguimiento cada mes recupera la mayoría de sus predios; el que espera «a ver si se arregla solo» firma la desincorporación más barata de la historia: la que no acordó nadie y consumó el silencio—.

Curso cerrado. Hacienda municipal completó sus tres rutas: el mapa del dinero, la ruta del flujo y los bienes que quedan. Siguiente curso de la colección: Transparencia, datos personales y rendición de cuentas en la sindicatura — la vigilancia del patrimonio a la luz pública.