Inventario municipal: lo que el municipio tiene y dónde está

El artículo 115, fracción I (NORMA NACIONAL), reserva al síndico la administración del patrimonio municipal, y la fracción IV enumera qué es eso: bienes propios del municipio —y el dinero que entra de ellos—. En términos simples, el patrimonio de bienes tiene tres estantes.

Muebles: la computadora de la caja, la impresora del registro civil, el archivador de obras públicas, la camioneta que «prestan» a la dirección de parques. Bienes que se mueven, se prestan, se deterioran y se pierden con facilidad: por eso el inventario de muebles es el que más miente si nadie lo coteja.

Inmuebles: la presidencia, los mercados, el panteón, el rastro, los predios que «algún día servirán». Aquí el riesgo no es que se los lleven: es que nadie sepa de quién son —escrituras faltantes, títulos a nombre del «fomento municipal» que ya no existe, predios invadidos que nadie denuncia porque «no hay papeles a mano»—.

Vehículos y maquinaria: el camión de basura, la retro del sistema de agua. Bienes que trabajan, se gastan y se asignan «de palabra»: el activo que más fácil pasa de municipio a quintal privado sin que salte una alarma.

El instrumento que une los tres estantes es el inventario: registro de cada bien con su descripción, ubicación, responsable, estado de conservación y —en inmuebles— su situación legal. La LGRA ordena a todo servidor público observar las disposiciones de control interno aplicables (art. 49 —NORMA NACIONAL—), y el inventario es la primera: sin él, cualquier falta sobre un bien se comprueba con conjeturas; con él, se comprueba con una firma vieja que dice «este bien estaba aquí, en este estado, bajo esta custodia». Los formatos, periodicidad y registro ante quién varían por estado (REGLA ESTATAL); la función es universal.

Tres prácticas completan la rutina mínima del patrimonio. El cotejo físico: una vez por semestre, el síndico —o el OCI con testigo de la sindicatura— escoge veinte líneas del inventario y las busca: la computadora está, la retro no, la bodega tiene dos aires acondicionados que el inventario nunca mencionó. El cotejo no audita el inventario: audita la realidad, que es lo que al final juzga la cuenta pública.

La seguridad jurídica de los inmuebles: el inventario inmueble serio tiene una columna que casi siempre está vacía —«escritura número / registro público / situación»—. Cada predio sin inscribir es un litigio futuro o un despojo en curso: la defensa jurídica del ayuntamiento (la otra mitad del 115 fr. I) empieza en el notario, no en el tribunal: regularizar escrituras y avisar al registro público cuesta una fracción de lo que cuesta recuperar un predio que alguien «compró» a un particular que no era dueño.

El destino del bien: un bien municipal asignado a un funcionario —la camioneta «del director», el solar «de la asociación de vecinos»— sigue siendo del municipio: el inventario lo dice, el acta de asignación lo dice y la ley lo dice. La asignación no es entrega: es custodia con plazo y reporte. Cuando el funcionario se va y la camioneta no aparece, el hueco no es un malentendido: es un bien municipal con responsable de custodia identificable por firma.

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