Conflicto de interés, regalos y el «favorcito» que te hunde

El conflicto no es un pecado: es una situación (gestionable)

La LGRA define el conflicto de interés así, en esencia: cuando un servidor público tiene en un asunto un interés personal, familiar o empresarial —o un compromiso anterior— que puede afectar el desempeño imparcial e objetivo de su función (NORMA NACIONAL). Tres cosas se leen en esa frase que el sentido común no ve. 1) No hace falta estar comprando nada: basta con que tu tío sea el licitante. 2) La ley no te pide ser un santo: te pide abstenerte de conocer o resolver ese asunto y, en su caso, denunciarlo —el remedio es procedimiento, no pureza. 3) Es falta administrativa no atender la abstinencia, y también lo es no informar del conflicto cuando la norma lo exige: callarlo ya es la falta, aunque tu decisión después sea correcta. Por eso la cultura profesional seria es «declara y sal del cuarto», no «te juro que no me influirá».

El paquete completo de tentaciones reguladas incluye más de lo que la gente cree. Regalos: la LGRA tipifica como falta recibir regalos de mayor valor aprovechando el cargo —el «mayor valor» lo acotan las reglas internas, pero el principio es tuyo: si el obsequio huele a intención de influencia, declínalo o repórtalo (NORMA NACIONAL). Información: usar información pública obtenida por tu cargo para beneficio propio o de terceros es falta grave. Empleo: intervenir —directa o indirectamente— a favor de personas con las que tienes relación profesional o personal es la clásica puerta del nepotismo: poner «a los de confianza» sin concurso y en asunto donde tú decides. Y lo que no es: una acusación política de «conflicto de interés» contra el adversario requiere los tres ingredientes —asunto concreto, interés personal o familiar, capacidad de decisión—; si falta uno, es difamación con corbata. Aprende la palabra exacta para no usarla de balón ni dejar que la usen contra ti de balón.