Composición y legitimidad de los órganos: mandatos, cuotas, paridad y el problema de la dirigencia que no se va

No basta que el órgano exista: hay que ver quién está adentro

La lección anterior enseñó que el poder se fabrica en la mesa y en la trastienda. Ahora la pregunta se vuelve más filosa: ¿quién tiene derecho a sentarse en esa mesa? Porque un órgano puede estar perfectamente dibujado en el estatuto y, sin embargo, ser ilegítimo en los hechos si su composición no representa a nadie o si quienes lo integran llevan años sin pasar por el voto de la base. La legitimidad interna no la da el nombre del órgano: la da cómo llegaron sus miembros y a quién representan.

Hay que aprender a leer la mezcla de orígenes que compone una asamblea o un consejo. Una parte de los delegados llega por vía territorial: representan estados, municipios o distritos, y su peso depende de dónde ganan. Otra parte llega por vía sectorial o corporativa: organizaciones de trabajadores, campesinos, juveniles, sectores económicos afines al partido, que aportan bloques de delegados con disciplina de voto. Y una tercera vía es la de derecho propio: expresidentes, secretarías, órganos de garantía, que suelen sentarse sin votación. Esa combinación no es neutra: define mayorías estructurales que existen mucho antes de la sesión. Cuando alguien se queja de que «la asamblea no refleja a la militancia», casi siempre está señalando que el peso territorial se diluye frente a los bloques sectoriales y de designación directa.

Dos problemas de legitimidad aparecen una y otra vez. El primero es la dirigencia que no se va. Los estatutos fijan periodos, pero en la práctica muchas mesas directivas prorrogan su mandato, aplazan elecciones internas «por causas organizativas» o reforman la regla para habilitar una reelección tras otra. El resultado es un órgano que decide con poder formal pero sin mandato fresco: legisla sobre una base que ya no lo eligió. La justicia electoral ha tenido que intervenir para ordenar que se celebren elecciones internas y que la prórroga no se vuelva costumbre, porque un partido eterno de los mismos rostros contradice su propia función democrática.

El segundo problema es la paridad y las cuotas. La ley exige hoy que los órganos y candidaturas integren mujeres en proporciones definidas, y eso ha transformado la composición real de las salas de decisión. Pero paridad en el número no es poder en los hechos: hay que distinguir entre cuota simbólica —mujeres presentes pero en posiciones sin voto, o que se van a la mitad del periodo para que «su lugar» lo tome un suplente varón— y cuota sustantiva —presencias con mando, en la mesa y en la agenda—. La lección no es «la paridad llena casillas»; es que quién ocupa cada silla, y con qué poder real, cambia las decisiones que se toman. Una asamblea paritaria pero dócil reproduce el viejo poder; una paridad con autonomía lo disputa.

Ya sabes auditar quién está en la sala y con qué derecho. Pero los órganos no operan en el vacío: están anclados a un marco externo que los vigila y a un bolsillo que los sostiene. Aquí entra la relación que define buena parte de la vida interna: el partido con el INE (registro, fiscalización, paridad), con el tribunal electoral (justicia interna y última palabra en las disputas) y con el dinero público que condiciona decisiones. ¿Qué puede y qué no puede meter la nariz la autoridad? ¿Cuándo un conflicto de candidatos se resuelve adentro y cuándo termina en un tribunal? La ruta siguiente, la más dura del curso, abre justo esa caja: relación con el INE, el tribunal y el financiamiento.